ACUERDOS DE PAZ: ¡DESCUBRIENDO LA HISTORIA!

Lo que empezó en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, culminó el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, fueron firmados por el expresidente Alfredo Cristiani, el fallecido líder del FMLN Schafick Handal, el ex canciller Óscar Santamaría, nuestro rector emérito y escritor David Escobar Galindo, y el ex comandante Roberto Cañas. Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones. El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión. Si bien hay que celebrar el Acuerdo, es mucho más importante dar a conocer su auténtico significado y lo que representa como expresión del espíritu salvadoreño. En aquel momento se vio la finalización definitiva de la violencia armada como un brote histórico con todos los signos a favor. Eso era lo que naturalmente podía esperarse, sobre todo porque los liderazgos políticos, incluyendo los que provenían del campo revolucionario, se habían incorporado sin ningún problema de aceptación mutua al proceso que se estaba reconfigurando. Pero lo que muy pronto quedó en evidencia fue que no bastaba con la incorporación pacífica de todos: era necesario que se entrara en una dinámica de reenfoques sobre las diversas áreas del fenómeno real para poder pasar desde ahí a las correcciones estructurales y conductuales pertinentes, conforme a los requerimientos de la época que se estaba iniciando. Eso no se dio de manera oportuna, y las distorsiones comenzaron a imponerse, con variantes respecto de lo que ocurría en tiempos anteriores pero sin que se dieran replanteamientos verdaderamente reordenadores y revitalizadores. Durante 1981 con la Ofensiva General y en 1989 con la Ofensiva Hasta el Tope, la agrupación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentó conquistar la ciudad capital de San Salvador junto a cabeceras departamentales. Sin resultados a favor, las fuerzas armadas rechazaron el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas que rodeaban la capital, la lucha, en una ocasión, se extendió a pocas cuadras de la Casa Presidencial. Según el Informe de la Comisión de la verdad elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas gubernamentales fueron las acusadas en el 85 % de un aproximado de 22 mil denuncias recibidas entre casos de homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y lesiones, concluyendo después que fueron las responsables del 62 % de los asesinatos de civiles; mientras que los grupos paramilitares de extrema derecha, donde se encontraban los Escuadrones de la Muerte serían responsables del 35 % y los guerrilleros del FMLN, eran responsables de tan solo el 13 % de los asesinatos de civiles. Entre los casos más destacados que resalta el informe realizado por la ONU se encuentran la masacre de El Mozote, el asesinato de monseñor Romero, el asesinato del Procurador General De la República en 1980, Mario Zamora, entre otros que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Cuando faltaba poco para que se cumplieran 12 años de conflicto bélico en el terreno, con dos estructuras armadas en lucha que contaban con el respectivo apoyo de las dos superpotencias mundiales de entonces, todas las condiciones imperantes tanto en nuestro país como en el mundo fueron conduciendo irreversiblemente hacia el fin de la guerra, poniendo en acción lo que casi nadie había anticipado hasta aquel momento: la solución política negociada, con todo el apoyo internacional y con signos de ejemplaridad que fueron reconocidos sin excepción. Aquel jueves 16 de enero de 1992 por la mañana, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, se suscribió el Acuerdo de Paz, ante la presencia y la mirada del mundo, con lo cual El Salvador no sólo dejaba atrás un sangriento conflicto sino que se incorporaba con las mejores credenciales a la nueva época mundial, que estaba también alzando vuelo. En aquel momento se vio la finalización definitiva de la violencia armada como un brote histórico con todos los signos a favor. Eso era lo que naturalmente podía esperarse, sobre todo porque los liderazgos políticos, incluyendo los que provenían del campo revolucionario, se habían incorporado sin ningún problema de aceptación mutua al proceso que se estaba reconfigurando. Pero lo que muy pronto quedó en evidencia fue que no bastaba con la incorporación pacífica de todos: era necesario que se entrara en una dinámica de reenfoques sobre las diversas áreas del fenómeno real para poder pasar desde ahí a las correcciones estructurales y conductuales pertinentes, conforme a los requerimientos de la época que se estaba iniciando. Eso no se dio de manera oportuna, y las distorsiones comenzaron a imponerse, con variantes respecto de lo que ocurría en tiempos anteriores pero sin que se dieran replanteamientos verdaderamente reordenadores y revitalizadores. A estas alturas, debería ser perfectamente claro para todos, tanto para los actores nacionales como para los observadores internacionales, y muy en especial para la ciudadanía que es el sujeto principal del proceso, que nuestro ejercicio pacificador sentó bases muy sólidas para el desenvolvimiento de una nueva realidad nacional, en la que la lógica democrática y el régimen de libertades estuvieran confiablemente consolidados y debidamente garantizados. Hemos avanzado, pese a las ineficiencias e insuficiencias, pero desde luego la tarea que está por asumir y por concretar es todavía de gran volumen y de mucho compromiso. El Acuerdo de Paz lo que logró fue abrir una era de participación política sin las exclusiones que se habían mantenido desde siempre. Pero un escenario, por adecuado y auspicioso que sea, no puede funcionar solo: necesita que los que actúen en él se desenvuelvan como debe ser. Ahí está la deuda por cubrir. Si bien hay que celebrar el Acuerdo, es mucho más importante dar a conocer su auténtico significado y lo que representa como expresión del espíritu salvadoreño. Y en especial en lo que toca a las nuevas generaciones es ineludible que tengan la información y el conocimiento que les permitan valorar la fuerza de la salvadoreñidad desde sus raíces. Este año, que es tan desafiante en tantas direcciones, tiene que convertirse en la revelación de una nueva plataforma de vida nacional. Y eso hay que proyectarlo y desplegarlo en el tiempo, para que el presente y el futuro nos sean propicios.